Tribunal valida fallo sobre anomalías en informe de Movimiento Ciudadano


Ciudad de México, 11 de enero (Notimex/entresemana.mx).
– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del INE relacionada con las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de informes anuales de ingresos y gastos de Movimiento Ciudadano (MC).

En sesión pública, la Sala Superior confirmó por unanimidad la resolución INE/CG526/2017 y el dictamen INE/CG525/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a la Comisión Operativa Nacional, correspondiente al ejercicio 2016.

Movimiento Ciudadano impugnó la resolución y argumentó que la autoridad no fue exhaustiva en la determinación de las conductas infractoras, al no valorar la documentación presentada en el marco de la revisión, con lo que, según esta institución, se vulneró lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Así como los principios de reserva y jerarquía de ley, por lo que “las sanciones carecen de la debida motivación al no cumplirse con el principio de exhaustividad”, argumentó Movimiento Ciudadano.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que Movimiento Ciudadano no justificó la permanencia de una cuenta por cobrar “Anticipo a Proveedores” con un saldo por 545 mil 316.06 pesos y otra por 49 mil 564.97 pesos.

Con ello, dicha organización política actualizó el supuesto establecido en el numeral 1 del Artículo 67 del Reglamento de Fiscalización, además de que en el rubro “cuentas por pagar”, el partido no presentó la documentación soporte de 22 mil 044.46 pesos y reportó tres mil 436.15 pesos de saldos con antigüedad mayor a un año (Conclusión 22).

Al resolver el SUP-RAP-763/2017, promovido por el partido, el pleno del Tribunal Electoral federal consideró infundado el agravio del actor, porque, contrario a lo argumentado, la autoridad responsable sí valoró el escrito de un proveedor sobre su imposibilidad para emitir el comprobante fiscal.

Además, resolvió que el partido no presentó evidencia documental formalizada ante fedatario que justificara el dicho de ese proveedor y que el escrito se encontraba firmado el 5 de septiembre de 2017, considerando que la cuenta debía comprobarse o justificar su permanencia con documentación del ejercicio sujeto de revisión.

Por otra parte, la Sala Superior estimó que no le asiste la razón al apelante, porque no presentó los elementos idóneos en su respuesta al oficio de errores y omisiones, que acreditaran la comprobación de las cuentas.

Por ende, las disminuciones alegadas, el instituto político obstruyó frontalmente el proceso de fiscalización, pues es en dicha oportunidad cuando se deben presentar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes.

En este sentido, el Tribunal subrayó que la presentación del recurso de apelación no debe entenderse como una segunda o tercera oportunidad para que los sujetos obligados aclaren el registro contable de sus ingresos o gastos.

Lo anterior, toda vez que la labor de la autoridad jurisdiccional debe limitarse a verificar si el actuar de la autoridad que fiscalizó los recursos se realizó en estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias, por lo que el pleno consideró que el argumento del actor es ineficaz para revocar el dictamen y resolución aprobada por la autoridad responsable.

Respecto a la conclusión 22 del dictamen, relacionado con las cuentas por pagar, el partido alegó que la autoridad responsable no valoró la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización.

La Sala Superior estimó infundado el agravio del partido y concluyó que el Consejo General del INE sí valoró la información y documentación presentada, que disminuyó el saldo del pasivo, quedando únicamente pendiente un importe por 22 mil 044.46 pesos.

Además, señaló que el partido político no identificó y vinculó las cuentas contables materia de la impugnación, con el registro observado en alguna póliza o cuenta en específico arrojada en el sistema de fiscalización, que permitiera desvirtuar si la disminución fue correcta.

Respecto a la indebida motivación de las sanciones impuestas, concluyó que la autoridad responsable no fue arbitraria en la imposición de las sanciones, pues justificó y fundó en la individualización de las sanciones las conductas sancionables y los montos a imponer.

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