VIRTUDES PÚBLICAS/La paridad en disputa: lo bueno, lo malo y lo feo

POLA PEÑA

POLA PEÑA. (SemMéxico) 25 de julio.- La aplicación del principio de paridad en candidaturas a cargos de elección popular en los pasados comicios suscitó una serie de escenarios que bien podrían ser clasificados como ‘buenos, malos y feos’. Entendido como un proceso de largo aliento, la puesta a prueba de los mecanismos administrativos y judiciales en materia electoral son dignos de subrayarse, incluido como podrá deducirse, su efectividad en los resultados.

 

Lo bueno

 

Todo indica que el ámbito más exitoso para el avance de las mujeres ocurrió en candidaturas a diputadas al Congreso Federal. Los partidos cumplieron con postular, mutatis mutandis, 50 por ciento de candidatas y candidatos por el principio de mayoría relativa e hicieron lo propio en listas plurinominales donde, además de respetar la alternancia hombre/mujer o mujer/hombre en su integración presentaron suplencias del mismo género, criterios que si bien ya existían antes de la reforma político-electoral, en esta ocasión no presentaron mayores resistencias.

Eso sí, los métodos aplicados en la fase de selección de precandidaturas al interior de los partidos continúan siendo heterogéneos y dignos de un análisis a mayor profundidad, ya que no solo es importante saber cuántas mujeres son postuladas para cumplir con el mandato de paridad, sino quiénes son las elegidas y qué perfiles ostentan para desempeñarse en una función de la mayor importancia como es la Cámara de Diputados, más aún, de quienes resultaron electas y podrán ser reelectas para un siguiente periodo de acuerdo a lo que estipulan la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Solo destacar que el incremento en el porcentaje de diputadas electas alcanzó, según cifras preliminares, un 42 por ciento, constituyendo el más alto desde que las mujeres mexicanas conquistaron el derecho a votar y ser electas en el año 1953.

Similar situación se apreció en el ámbito de candidaturas a diputaciones de los congresos locales de las 17 entidades federativas que tuvieron elecciones concurrentes. Según datos obtenidos del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres (INMUJERES/INE/TEPJF), el incremento en el número de diputadas electas es positivo. Datos actualizados (21 julio 2015), y a excepción de Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato y Tabasco donde solo se consigna el número de diputadas electas por el principio de Mayoría Relativa, el porcentaje de diputadas electas respecto el total de diputaciones (MR y RP) alcanza 42.76 por ciento, ligeramente por debajo de la paridad estricta.

Destaca el que en el Estado de Querétaro  se superó el 50 por ciento de diputadas electas alcanzando 55 por ciento de diputadas electas, mientras que en Baja California Sur, el Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Morelos y Yucatán, los porcentajes están por encima del 40 por ciento y en algunos casos muy cercanos a la paridad. En el Estado de México, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí el número de diputadas electas arroja cifras porcentuales superiores al 30 por ciento, umbral considerado como mínimo para que una masa crítica de mujeres en espacios de toma de decisiones pueda tener mayor poder e incidencia en los procesos legislativos y comisiones.

En resumen, y con la información disponible hasta el momento, el principio de igualdad materializado en paridad de género en materia electoral constituye un triunfo sin precedente para el avance político de las mujeres y el derecho a ser electas. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, entre el número de diputadas en la legislatura anterior y la que dará inicio para el periodo 2015-2018 en cada entidad federativa, se aprecia una tendencia incrementalista que constituye la evidencia empírica para afirmar que las candidaturas paritarias lograron su principal objetivo: revertir la subrepresentación de las mujeres.

Número y porcentaje de diputadas electas antes y después del proceso electoral por entidad federativa con elecciones concurrentes (2014-2015)

Entidad federativa Total diputaciones Total Diputadas

2012

Porcentaje Diputadas 2012 Total Diputadas

2015

Porcentaje Diputadas 2015 Incremento

en números absolutos

BCS 21 7 33.3 10 47.6 3
Campeche 35 9 25.7 10 MR s/d
Chiapas 40 17 42.5 10 MR 55 5
Colima 25 6 24 6 MR s/d
DF 66 22 33.3 27 40.9 5
Edo. México 75 13 17.3 28 37.3 15
Guanajuato 36 7 19.4 12 MR s/d
Guerrero 46 9 19.4 18 39.1 9
Jalisco 39 9 23 16 41 7
Michoacán 40 9 22.5 17 42.5 8
Morelos 17 7 23.3 13 43.3 6
Nuevo León 42 7 16.6 16 38 9
Querétaro 25 2 8 13 52 11
SLP 27 5 18.5 9 33.3 4
Sonora 33 7 21.2 16 48.4 9
Tabasco 35 15 42.8 6 MR s/d
Yucatán 25 6 24 12 48 6
Federal

Diputadas

500 184 37 210 42 26

Fuente: Cifras diputadas 2012 portales electrónicos de los congresos locales; consulta abril de 2014. Las cifras resultados diputadas electas 2015 fueron tomadas del portal electrónico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres / Resultados de los procesos electorales entidades federativas; Consulta 21 Julio 2015;http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/observatorio/ Nota: el número total de diputadas corresponde a los principios de MR y de RP electas al inicio de cada Legislatura. Cuadro elaborado por Blanca Olivia Peña.

 

Lo malo

 

La aplicación de la paridad en candidaturas a cargos edilicios no corrió con la tendencia observada en los casos descritos (diputadas federales y congresos locales). De ello dan cuenta un nada despreciable número de impugnaciones que fueron resultado de la ausencia de criterios explícitos en las leyes estatales electorales para obligar a los partidos a postular mujeres al cargo de presidentas municipales. La heterogeneidad que aún priva en esta materia permitió que tanto los partidos como los consejos electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (o institutos estatales electorales), interpretaran de distinta forma el mandato constitucional y leyes secundarias donde se mandata la aplicación de la paridad.

 

Entre la diversidad de argumentos esgrimidos para incumplir con la norma destacan dos que fueron los más reiterados: a) el texto constitucional señala explícitamente aplicar criterio de paridad en candidaturas a cargos del ámbito federal (Senado y Diputados) y los congresos estatales, omitiendo obligatoriedad al ámbito de los ayuntamientos, y b) la exigencia de aplicación de este criterio por lo ‘avanzado del proceso electoral’, lo cual atentaba contra la certeza jurídica que debe garantizarse para mantener equidad en la contienda. Empero y contra todo pronóstico, militantes mujeres y algunos partidos ejercieron el derecho de defensa para argumentar en contra, toda vez que el incumplimiento de este precepto constituía una violación al derecho de las mujeres a ser electas en condiciones de igualdad y por ende se incurría en una acción de inconstitucionalidad.

La Paridad horizontal es un criterio que aplica para candidaturas a las presidencias municipales de los ayuntamientos. Del total de municipios existentes en cada entidad federativa, los partidos o coaliciones, deberán postular 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres. La Paridad vertical por su parte constituye un criterio que aplica para integrar planillas a los ayuntamientos, las cuales deberán estar integradas por los cargos a presidencia municipal, sindicatura y regidurías. Debe contemplarse alternancia de género (hombre/mujer o mujer/hombre) en forma sucesiva hasta agotar la lista, tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional; también contempla que las suplencias a cada cargo serán del mismo género, como ocurre en candidaturas a los congresos locales y el ámbito federal.

Resultado de las impugnaciones y recursos interpuestos así como de las sentencias que distintas autoridades jurisdiccionales electorales emitieron, en los Estados de Morelos, BCS, Querétaro, Guerrero y Tabasco se aplicó el criterio de paridad en su dimensión horizontal. Desafortunadamente en los casos de Nuevo León, Sonora y el Estado de México las sentencias emitidas no fueron favorables, fundamentalmente por lo avanzado de los procesos electorales; la autoridad electoral esgrimió el argumento de certeza jurídica al tiempo que reiteró que la paridad horizontal y vertical eran criterios obligatorios en lo subsecuente, y sin excepción, para los partidos políticos. Pese lo anterior, la suma de impugnaciones y sentencias que fueron emitidas por distintas autoridades electorales jurisdiccionales que incluyen en forma destacada las emitidas por la Sala Superior del TEPJF, permitieron que en el mes de mayo el máximo órgano emitiera 4 jurisprudencias que sentaron un importantísimo precedente para cumplir con la norma (partido y autoridades electorales) y en caso contrario, proceder a interponer recursos de impugnación ante autoridad jurisdiccional.

Jurisprudencia paridad de género e interés legítimo

Jurisprudencia número Preceptos
Jurisprudencia 6/2015 Paridad de género. Debe observarse en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular federales, estatales y municipales
Jurisprudencia 7/2015 Paridad de género. Dimensiones de su contenido en el orden municipal
Jurisprudencia 8/2015 Interés legítimo. Las mujeres lo tienen para acudir a solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular
Jurisprudencia 9/2015 Interés legítimo para impugnar la violación a principios constitucionales. Lo tienen quienes pertenecen al grupo en desventaja a favor del cual se establecen

Fuente: TEPJF; http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis

Consulta 15 Mayo 2015. Cuadro elaborado por Blanca Olivia Peña Molina

 

Queda claro que la omisión de estas jurisprudencias es inadmisible y constituye una flagrante violación a los derechos de las mujeres, no solo por parte de los partidos que se resisten con argumentos insostenibles a cumplir con la paridad, sino que incluye a los organismos estatales electorales que son los garantes del cumplimiento de la Ley. El caso más reciente que ilustra lo anterior fue Chiapas, donde de nuevo a ‘golpe’ de una nueva Sentencia, el TEPJF ordena al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) a obligar a los partidos al registro paritario de candidaturas y negativa de registro por incumplimiento, y mandata al INE sancionar a las y los integrantes del consejo electoral. El mensaje es claro, directo e inapelable: quien incumpla debe restaurar el daño y ser sancionado por omisión.

Lo feo

La violencia política que se ejerce contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en México, sin embargo lo alarmante es que se ha ido extendiendo y ejerciendo en distintas modalidades que incluyen acoso, amenazas, agresiones físicas e incluso la muerte. Quizás por esta razón y pese la celebración entusiasta del avance acreditado en el número de mujeres electas como diputadas, alcaldesas, síndicas y regidoras en los pasados comicios, recaiga sobre los distintos actores políticos el reclamo que distintas voces hacemos para detener las brutales agresiones de que han sido objeto candidatas de distintos partidos, que han sido documentadas en distintos medios de comunicación, redes sociales y organismos de mujeres de la sociedad civil.

La agenda  pendiente para las nuevas legisladoras federales, estatales y municipales consiste en discutir, promover y  aprobar las iniciativas de reforma que han sido presentadas para tipificar como delito la violencia política contra las mujeres, y si bien un cambio en el marco regulatorio constituye un instrumento útil para prevenir y sancionar a quiénes lo infrinjan, no será suficiente. Será necesario que los organismos de mujeres al interior de los partidos impulsen acciones más decididas para impedir el ciclo de violencia política a la que son sometidas miles de sus correligionarias que legítimamente aspiran a ser electas, entre las que destacan denuncias oportunas ante las autoridades.

Será necesario también sumar el mayor número de mujeres y hombres, redes y organismos e instituciones públicas para exigir acciones que tengan mayor incidencia para erradicar una práctica que indigna y contradice todo discurso a favor de una democracia paritaria y plural. Lo bueno, lo malo y lo feo no se encuentra en los criterios legales para el avance de los derechos de las mujeres, radica en la ‘ceguera’ de los actores e instituciones políticas que han tolerado esta práctica y contribuido con ello al autoritarismo y la impunidad de los victimarios.

Compartir articulo