Sábado , 22 Julio 2017

VIRTUDES PÚBLICAS/24 de octubre, ¿qué conmemoramos las mujeres en Baja California Sur?

POLA PEÑA

POLA PEÑA (SemMéxico). El 24 de octubre se conmemora el segundo aniversario de la inclusión del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en Baja California Sur.

Quizás no constituya ninguna novedad hablar de paridad después del pasado proceso electoral federal y elecciones concurrentes donde este criterio se puso a prueba con resultados positivos en los porcentajes de mujeres electas como diputadas federales, estatales, presidentas municipales y otros cargos edilicios. Para las mujeres sudcalifornianas esta fecha es memorable por varias razones:

Porque Baja California Sur fue la primera entidad federativa donde se aprobó la paridad en candidaturas eliminando el mayor obstáculo para su cabal cumplimiento, el método de selección democrático, identificado como el candado que por años limitó su eficacia en aquellas entidades que ya contemplaban este criterio en sus leyes electorales.

Porque incluyó como mandato su aplicación para candidaturas a diputaciones y cargos de los ayuntamientos por los principios de MR y RP, contemplando planillas completas con alternancia de género en listas plurinominales y suplencia del mismo género para todos los cargos de elección popular sin excepción. Asimismo porque la Ley también prevé sanciones explícitas por incumplimiento, aplicación de 5 por ciento de recursos partidistas para formación y capacitación de las mujeres, y porque también ordena al órgano electoral estatal reglamentar su ejercicio y vigilar su cabal cumplimiento.

Porque en el pasado proceso electoral para renovar ayuntamientos y resultado de la promoción de un Juicio de Revisión Constitucional Electoral que presentó el partido MORENA ante autoridades jurisdiccionales competentes, se obtuvo una sentencia favorable para obligar a los partidos a postular 50/50 por ciento de candidaturas para mujeres y hombres a las presidencias municipales, fallo judicial que abonó para sentar jurisprudencia por la Sala Superior del TEPJF donde se admite como criterio inapelable: la paridad horizontal.

La conquista de este precepto en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur inició en el año 2003 cuando por primera vez se admitió que los partidos no podían postular más de dos terceras partes del total de candidaturas a un solo sexo, incluyendo sanciones por incumplimiento con la negativa de registro de candidaturas, traduciéndose en 33.3 por ciento de diputadas electas en la Legislatura XIII del Congreso del Estado.

Con la modificación al marco regulatorio la Legislatura XIV recién instalada quedó integrada con 42.8 por ciento de diputadas superando el umbral de 30 por ciento considerado mínimo para romper el ‘techo de cristal’ en espacios de toma de decisiones, pero aún por debajo de la paridad estricta 50 por ciento constituye un hecho inédito la elección de 7 diputadas por el principio de mayoría relativa (Coalición PAN/PRS) y 2 por la vía plurinominal (Morena y PRD respectivamente); el avance es incuestionable.

Por lo que atañe a los ayuntamientos también se obtuvieron resultados positivos; dos mujeres fueron electas presidentas municipales en los Ayuntamientos de Loreto y Mulegé, representando 40 por ciento del total de municipios en la entidad. Lo anterior fue resultado del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sara Regional Guadalajara del TEPJF que obligó a los partidos a reconsiderar la postulación de candidaturas para cumplir con la paridad de género a presidencias municipales, hecho que si bien requiere de un análisis particular por haber sido postuladas las esposas de los candidatos que encabezaban las listas en el caso de la Coalición PAN/PRS y que resultaron ganadoras, no resta legalidad ni legitimidad al ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en tanto ciudadanas, a participar en los asuntos públicos; votar y ser electas.

Constituida la nueva Legislatura en el Congreso Estatal con un significativo número de diputadas electas, constituye una obligación definir y aprobar una agenda legislativa que oriente explícitamente las materias que serán objeto de análisis para la formulación de iniciativas de decreto o de reforma necesarias que hay que impulsar y aprobar.

Es exigible que a las diferencias partidarias, rasgo común de una democracia plural, se antepongan los intereses de las mujeres a las cuales se representa y que en el caso de Sudcalifornia demandan urgente atención. Asimismo es exigible vigilen que el principio de igualdad y no discriminación adquiera su justa dimensión en la práctica legislativa, impidiendo la formulación o aprobación de iniciativas regresivas que atenten o constituyan pacto en contrario a las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos.

Si incrementar el número de representantes es sinónimo de representación de intereses -en este caso de las mujeres sudcalifornianas-, habría que admitir que no existe una relación de causa-efecto. La historia de la participación política de las mujeres en México así lo demuestra y Baja California Sur no ha sido la excepción.

Sin embargo también hay que admitir, que sin mujeres en espacios de toma de decisiones como es la máxima tribuna donde descansa el Poder Legislativo, seguramente no contaríamos con un marco regulatorio que ha elevado el estándar de protección de los derechos humanos de las mujeres en la entidad y el país. De lo anterior deriva que las y los legisladores, deben exigir a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, acatar sin cortapisas las leyes vigentes en las distintas materias, sin importar la filiación partidista de quienes detentan poder de decisión en la formulación de políticas o programas públicos y los recursos financieros para su ejercicio.

Las identidades de género que se construyen a partir de la diferencia sexual e incluyen distintas posiciones ideológicas o políticas de las personas que advienen lo público, no deberían constituir un obstáculo para el avance de los derechos de las mujeres en lo particular, por ello la importancia de establecer alianzas, formular acuerdos y estrategias que tengan como eje articulador lo que por largos años han constituido metas del movimiento amplio de mujeres en México: igualdad de oportunidades, trato y resultados en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y multicultural que nos define, distintas pero iguales en derechos y obligaciones; la eliminación de toda forma de discriminación por razón de género, orientación sexual, etnia, raza o edad, así como la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres.

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